PC 1213: Permisos y Cultura
La semana pasada la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, anunció el famoso proyecto de las 800 páginas. Este proyecto, promocionado más por su extensión que por su contenido, ofrece enmiendas a la ley de permisos actual de Puerto Rico. Un cambio a esta ley implicaría un esfuerzo multisectorial de todas las partes interesadas, que son muchas. Lamentablemente, en los pasados días se ha hecho claro que la participación de las agencias y los sectores activos en permisos no estuvo presente durante el proceso. Y ante tantos cambios e incertidumbre, es importante reconocer donde queda la arqueología.
Como parte de los requerimientos en los permisos, las construcciones, remociones de terreno y otro tipo de proyectos deben cumplir con las regulaciones para la protección de los recursos arqueológicos en todo Puerto Rico. A esto se le conoce en Puerto Rico y otras partes del mundo como arqueología pública o comercial. Las tareas que se ejercen desde esta arqueología comercial son reguladas por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) en las cuatro fases de investigación arqueológica comercial de Puerto Rico. Es decir, que el ICP analiza el predio de estudio preliminarmente y recomienda una de las 4 fases, cada una más avanzada y completa que la anterior. Por ejemplo, un terreno donde se vaya a construir un edificio de vivienda que nunca ha sido investigado en la arqueología probablemente se le recomendaría una fase 1. Esta fase exploraría documental y la presencia de material arqueológico superficial en el campo, luego de la cual el arqueólogo (o arqueóloga) somete su recomendación de los pasos a seguir. Si los hallazgos del arqueólogo determinan que la sensibilidad arqueológica es alta, entonces se recomendaría una siguiente fase 2. Si, por otro lado, no existe mayor sensibilidad, pero se desconoce aún que pueda yacer en las profundidades, se recomendaría una fase 4, que monitorea las actividades de construcción por si aparece material. Este proceso descrito, demuestra tener cambios significativos con la reforma propuesta por la gobernadora, que será demostrado con ente mismo ejemplo próximamente.
Los cambios relacionados a la arqueología se pueden resumir en tres. Estos se encuentran distribuidos a través del proyecto, yo argumentaría que superficialmente discutidos. Lo primero y más notorio es el nacimiento del megamonstruo, una asignación de responsabilidades a la Oficina de Central de Permisos. Esta tomaría las responsabilidades y deberes del Instituto de Cultura Puertorriqueña con respecto a sus recomendaciones para permisos. La Oficina Central de Permisos tendría una división de Recomendaciones y Disponibilidad bajo la cual estaría la unidad de Arqueología. Es de esta unidad de donde provendrían las recomendaciones para permisos relevantes en la preservación del patrimonio arqueológico. Este megamonstruo contaría con unidades correspondientes para ofrecer recomendaciones en todas las áreas pertinentes. El primer problema surge precisamente en lo que queda luego de que el megamonstruo succiona las responsabilidades del ICP. Definidas como meramente académicas, estas responsabilidades responderían a una arqueología académica y actualmente no practicada desde el ICP. El proyecto da libertad completa al ICP a hacer las acciones administrativas necesarias para cumplir con ello. Hacer un cambio sin plan implicaría que se desconocerá el efecto real en la oficina de mayor importancia en la preservación de los recursos culturales materiales. Una de las preguntas que surgen es, ¿quedaría el programa de Arqueología y Etnohistoria con su actual presupuesto para fomentar la labor académica? O, por otro lado, si será también succionado por el megamonstruo. Se desconoce de igual manera, los profesionales en la arqueología que liderarán estos esfuerzos desde la academia. Esto agudiza un problema ya existente en la arqueología de Puerto Rico, que separa la arqueología comercial de la académica. En ambos casos, existen diferencias innegables en la intención de producción, las preguntas contestadas, la velocidad del trabajo y la especialización de este. Separar las funciones en dos oficinas y agencias diferentes sólo creará un cráter mayor entre ellas.
El problema de la transferencia de responsabilidades es sólo el primero, que procede al de su ejecución. Y es que el megamonstruo parece estar megaunificado, porque pretende crear un sistema unificado de información. En la arqueología, esto significaría que los sitios arqueológicos e históricos oficialmente registrados en la lista de la Oficina de Planificación de Puerto Rico estarían enlazados a información geográfica. Aunque esto no es algo negativo, si lo que se pretende hacer con esta lista. El sistema unificado de información, o el profesional autorizado (no arqueólogo) determinará si se requerirá recomendaciones en arqueología con base en la lista antes mencionada. Esto presenta dos principales problemas, el primero, que la sensibilidad arqueológica de un sitio nunca ha sido determinada por la simple presencia de un sitio registrado. Aquí se pretende que el oficial autorizado, con ningún conocimiento en arqueología, arbitrariamente requiera, o no, una recomendación de arqueología. Para determinar la sensibilidad de un área se consultan los sitios oficiales, en combinación con información desde la arqueología académica e incluso entrevistas a los vecinos del área. No es hasta luego del análisis cumulativo de esta información que el arqueólogo (o arqueóloga) determina si un área es sensible arqueológicamente y cuáles son los pasos por seguir. Este proyecto pretende que una profesional en permisos, con ningún conocimiento en arqueología, haga una decisión que sólo un arqueólogo puede determinar, y para colmo con un singular criterio. Este proyecto no contesta que sucede con aquellas áreas que nunca han sido estudiadas por arqueólogos y que, por lo tanto, no estarán registradas como sitio oficial. La arqueología no es estática, y en muchos casos es poco predecible, por lo que un área puede no tener ningún sitio registrado y tener los recursos culturalmente más valiosos resguardados. Dar permisos de construcción o remoción de terreno en un área que se pretende no tenga nada, porque nunca se ha registrado un sitio, tiene la capacidad de destruir irremediablemente nuestros recursos culturales.
Este asunto lleva al tercer y último déficit de este problema respecto a la arqueología, y es el mantenimiento del sistema unificado para el funcionamiento del megamonstruo. El cuestionamiento es sencillo, ¿cómo se asegurará que la lista oficial de sitios arqueológicos registrados se mantenga vigente? Actualmente, cuando se consultan estas listas, se hace en dos oficinas diferentes. Por un lado, se consultan los registros del ICP, para proyectos locales, y por otro la Oficina Estatal de Preservación Histórica (SHPO por sus siglas en inglés) para proyectos con jurisdicción federal. Existe una desunión notable entre los registros de ambas agencias, lo que requiere una consulta dual. En este sentido, las propuestas para la ley no ofrecen recomendaciones para superar las actuales dificultades. El cambio que proponen ignora la realidad actual, que también se refleja en la separación comentada de la arqueología académica y la comercial. Si el ICP se encargará de investigaciones académicas, ¿cómo se añadirán los hallazgos, como los potenciales nuevos sitios, al sistema unificado?
Si se observara el ejemplo provisto al inicio de esta entrada, pero aplicando los cambios mencionados, entonces tendríamos un panorama muy diferente. Al proponer la construcción del edificio de vivienda, el sistema unificado de información revisará la localización del predio. Si existen sitios registrados, el personal autorizado procederá a requerir una recomendación arqueológica de la unidad de arqueología en la Oficina Central de Permisos. Ahí, se presupone que el proceso sería muy similar al actual, según lo establecido en la ley 112. Digamos entonces que, por lo contrario, el predio no aparece en o cercano a un sitio arqueológico registrado. En ese caso, la ley da a entender que el personal autorizado podrá no requerir la recomendación de arqueología. El proyecto recibirá sus permisos, y el primer día de excavación, tras varias remociones de corteza, la pala mecánica destruye un cementerio indígena. Ya esto, presenta una pérdida de información innegable, pero incrementa si se refiere a periodos de los cuales se posee información escasa. Cada pala cuenta, y cada fragmento de nuestro pasado puede probar o refutar teorías que esperan ser evidenciadas. A eso, se le añade lo propuesto por el representado Georgie Navarro, que exigiría un 10% de la totalidad de inversión en el proyecto para detenerlo. Es la clave perfecta para provocar el silencio del pueblo.
El Proyecto de la Cámara 1213 presenta unos cambios que, aunque aparentan ser pocos, tienen efectos significativos en la protección nuestros recursos culturales. La comunidad arqueológica debe oponerse tajantemente, hasta en tanto se contesten y sustentes las dudas y déficits mencionados. Hacer un proyecto que involucra tan de lleno a un grupo de profesionales y no considerar su intervención pertinente es mínimamente irrespetuoso. Sobre todo, presenta un proyecto inefectivo, con poco pensamiento y apresurado para alinearse a una perspectiva de desarrollo inconsciente de los recursos culturales de la isla.
